Legislatura bonaerense
Votación dividida: aprueban la creación de una empresa Farmacéutica Estatal
Los senadores bonaerenses aprobaron el proyecto que desde 2024 vienen reclamando el gobierno de Kicillof que crea el dieron el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense.
En soledad el bloque oficialista de Fuerza Patria que conduce el senador Sergio Berni avanzó en la aprobación del proyecto de ley, en circunstancias en que contaba con 23 de sus formales 24 miembros; mientras que los cinco bloques opositores; LLA, PRO, Hechos, UyL y la UCR; no mostraron fisuras para oponerse a la iniciativa.
El Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense es un proyecto de ley impulsado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para crear una empresa pública dedicada a la investigación, desarrollo, producción y distribución de medicamentos, vacunas e insumos sanitarios.
La iniciativa avanza bajo el formato de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), donde la Provincia controlará el 99% del capital social y el 1% restante podrá quedar en manos de otros actores públicos o privados.
Garantizar el acceso equitativo y a precios justos de medicamentos esenciales para la población, además de abastecer de manera prioritaria a los hospitales provinciales y municipales; son los argumentos expresados por funcionarios del Ministerio de Salud.
Además de medicamentos y vacunas, el centro estará facultado para producir insumos médicos y odontológicos, equipamiento médico e ingredientes farmacéuticos activos (IFA). También contempla tareas de control de calidad en medicamentos, alimentos y agua.
Uno de los puntos más debatido del proyecto de ley que deberán considerar los Diputados es que se prevé que se autofinancie mediante la comercialización de sus productos, prestaciones de servicios y patentes, aunque “el Poder Ejecutivo podrá realizar aportes complementarios si fuera necesario”.
La creación de esta farmacéutica estatal ha generado debates en el parlamento bonaerense. Mientras que el oficialismo la defiende como una herramienta clave de soberanía sanitaria, bloques de la oposición han manifestado su rechazo argumentando un potencial incremento del gasto fiscal y de la estructura burocrática del Estado.
El proyecto de ley, como se ha informado en su oportunidad, es una iniciativa que ya había sido presentada por el Ejecutivo durante el período legislativo anterior y aprobada por la Cámara de Diputados, pero que no completó su tratamiento en el Senado y perdió estado parlamentario al finalizar el período 2024/2025.
El nuevo proyecto propone crear una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) destinada a la producción de medicamentos, vacunas, insumos médicos e ingredientes farmacéuticos activos para el sistema sanitario provincial.
Las modificaciones introducidas en esta nueva versión se concentran en el endeudamiento, la participación accionaria del Estado y los mecanismos de seguimiento y control legislativo sobre la sociedad.
En materia financiera, se mantiene la posibilidad de que la sociedad tome préstamos y emita títulos de deuda, pero las operaciones deberán estar vinculadas con su objeto social, contempladas en el presupuesto aprobado y sujetas a los límites establecidos por su Estatuto y por la Ley 13.767 de Administración Financiera y Sistema de Control de la Administración General del Estado Provincial.
Además, el Estatuto deberá incorporar una política de financiamiento y endeudamiento con límites prudenciales destinados a preservar la solvencia y sustentabilidad financiera.
Uno de los cambios centrales introducidos en el debate legislativo establece que el Estado provincial será titular del 99% del capital social, mediante acciones clase A, mientras que el 1% restante corresponderá a acciones clase B, que podrán ser suscriptas por uno o más accionistas públicos o privados.
Además, se incorpora una restricción para la transferencia de las acciones estatales: el Estado provincial no podrá desprenderse de ellas sin autorización de la Legislatura, que deberá aprobar la operación con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
Finalmente, el proyecto incorpora una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, con facultades para solicitar informes y formular recomendaciones sobre el funcionamiento de la sociedad.
El organismo legislativo deberá intervenir previamente en determinadas operaciones de endeudamiento extraordinario, entre ellas aquellas que superen límites presupuestarios o estatutarios, impliquen una exposición cambiaria significativa, comprometan activos esenciales, requieran respaldo financiero provincial o involucren determinadas emisiones públicas de deuda.
La Comisión estará integrada por cinco diputados y cinco senadores, designados por las autoridades de ambas cámaras a propuesta de los bloques y respetando la proporcionalidad de las representaciones políticas.