Legislatura bonaerense
Sancionan la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas
Se trata de un proyecto de ley que extiende la declaración por tres años la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas, que en su mayoría conforman Cooperativas de Trabajo.
La iniciativa; sancionada por la Cámara de Diputados, pero que comenzó su recorrido legislativo por la Cámara de Senadores a través de un texto presentado por las senadoras de Fuerza Patria Malena Galmarini, María Rosa Martínez, Sabrina Bastida y Mónica Macha; establece la emergencia por el plazo de tres (3) años contados desde la promulgación de la norma, el que podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado.
El proyecto de Ley también reconoce como de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, contemplándolos como posibles continuadores de la explotación de unidades productivas en crisis o en procesos de quiebra.
El régimen alcanza a las empresas conformadas como cooperativas de trabajo, o que se encuentren en proceso de constitución, gestionadas por trabajadores provenientes de establecimientos que hayan atravesado situaciones de cesación de actividades, quiebra, cierre, abandono, desmantelamiento, vaciamiento o disolución, entre otras circunstancias. Para acceder a los beneficios previstos, deberán estar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas.
Entre las principales medidas, el proyecto dispone la suspensión, durante el período de emergencia, de las acciones judiciales y diligencias destinadas a ordenar o ejecutar desalojos de empresas recuperadas.
También establece la suspensión de los cortes de los servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales.
En este último caso, los prestadores deberán ofrecer planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante la vigencia de la medida, de acuerdo con las pautas que establezcan el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua.
Según los fundamentos de la iniciativa, en territorio bonaerense funcionan cerca de 200 unidades productivas recuperadas por sus trabajadores, que generan alrededor de 5.000 puestos de trabajo cooperativos y registrados.
El universo incluye actividades vinculadas con la alimentación, la industria metalúrgica, el cuero, el calzado, la metalmecánica, la gráfica y la madera, entre otros rubros.
El proyecto sostiene además que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de empresas recuperadas del país y destaca el papel que estas cooperativas desempeñaron durante más de dos décadas en la generación y autogestión de producción y trabajo, así como en el acceso a derechos vinculados con alimentación, educación, salud, cuidados, cultura e inclusión.
Los fundamentos vinculan la declaración de emergencia con el deterioro de la situación económica y el impacto sobre los sectores productivos, particularmente las empresas recuperadas.
En ese marco, advierten sobre el cierre de unidades productivas y la pérdida de puestos de trabajo y plantean la necesidad de establecer mecanismos de protección específicos para estas experiencias de gestión cooperativa.