Proponen nuevas herramientas de control y transparencia para las compras por internet

Las iniciativas, impulsadas por la diputada Ayelén Rasquetti, de Unión por la Patria, apuntan a instalar un debate que tienda a transparentar las condiciones de contratación y facilitar el acceso a información sobre el comportamiento de los proveedores.

Uno de los proyectos de ley propone crear un Registro Provincial de Contratos de Adhesión Digitales, en el que deberán inscribirse los modelos de contratos, términos y condiciones y políticas de privacidad de las empresas que comercialicen bienes o servicios mediante sitios web, aplicaciones móviles y plataformas digitales que operen en territorio bonaerense.

La inscripción deberá realizarse antes de poner los documentos a disposición de los usuarios. Las empresas que ya estén operando al momento de la entrada en vigencia de la norma tendrán un plazo para registrar los contratos vigentes. El incumplimiento podría derivar en la ineficacia de las cláusulas contractuales y en la aplicación de las sanciones previstas en la legislación provincial.

El registro será público y de acceso gratuito. Deberá contener la identificación de los proveedores, las distintas versiones de sus contratos, sus fechas de vigencia y las modificaciones introducidas. La autoridad de aplicación tendrá acceso a la información para fiscalizar las condiciones de contratación y prevenir la inclusión de cláusulas abusivas.

En los fundamentos, la iniciativa advierte sobre la desigualdad entre empresas y consumidores en el entorno digital, donde la aceptación automática de extensos términos y condiciones puede dificultar el conocimiento de las obligaciones asumidas y de los cambios introducidos unilateralmente por los proveedores.

El segundo proyecto plantea incorporar a la misma ley un Sello Dinámico de Confianza Ciudadana para los proveedores que vendan bienes o servicios a consumidores bonaerenses a través de plataformas digitales.

El distintivo deberá exhibirse junto al precio y antes de que el usuario realice el pago o ingrese sus datos de facturación.

El sistema asignará a cada empresa un puntaje de entre cero y cien, representado mediante una escala cromática que identificará niveles altos, intermedios o bajos de confianza.

La calificación estará a cargo de la autoridad de aplicación y se calculará a partir de estadísticas de reclamos y denuncias ante las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, el sistema provincial de audiencias y las sanciones firmes registradas.

El indicador también incluirá datos sobre los tiempos de respuesta de los proveedores en las audiencias de conciliación y la cantidad de multas firmes. Para evitar distorsiones, el proyecto establece que los reclamos deberán ponderarse en función del volumen de facturación o de transacciones de cada empresa, además de considerar su capacidad para resolver conflictos.

Los fundamentos sostienen que la información sobre el desempeño comercial de los proveedores se encuentra dispersa y no siempre está disponible al momento de concretar una compra. La iniciativa busca convertir esos antecedentes en una referencia accesible para los consumidores y fortalecer la prevención de conflictos.

Por último, un tercer proyecto de ley presentado por la diputada Raquetti busca obligar a las entidades financieras, bancos y proveedores de servicios de pago o billeteras virtuales a exhibir de forma clara, desagregada y en lenguaje accesible cada movimiento, débito o crédito en sus plataformas digitales.

El articulado establece que las descripciones de las transacciones en aplicaciones móviles deberán contener obligatoriamente la identificación comercial real, razón social y nombre de fantasía del comercio; el desglose preciso de cargos, prohibiendo términos genéricos como "Gastos varios" o "Comisiones por servicios"; la discriminación exacta de impuestos o tasas aplicadas, y la trazabilidad completa con fecha, hora y canal de la operación.

Según los fundamentos del proyecto, la medida apunta a combatir la "opacidad informativa" y la "asimetría técnica" en el contexto actual de hiperdigitalización.

La legisladora massista argumentó que los resúmenes crípticos o plagados de códigos internos representan un "velo que facilita la comisión de delitos y abusos financieros", tales como estafas virtuales, phishing, carding o cobros indebidos de seguros y mantenimientos no consentidos por parte de las propias entidades.

Aunque utilizan herramientas diferentes, los proyectos de ley que plantean modificaciones a la ley provincial N° 13.133, Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, comparten una misma orientación: ampliar la transparencia en el comercio electrónico. Mientras uno apunta al control previo de las condiciones contractuales, el otro procura que los usuarios puedan evaluar los antecedentes de las empresas antes de contratar sus servicios o adquirir productos y el tercero que los consumidores puedan ejercer con facilidad el control de sus transacciones comerciales.