Transferencia de fondos nacionales al gobierno bonaerense: sin grandes cambios pese a la tensión entre Milei y Kicillof

Así lo señala un informe elaborado sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la Nación, que analiza la evolución de los recursos que recibe la administración de Axel Kicillof por coparticipación y otras normas de distribución.

El relevamiento sostiene que, pese a las tensiones políticas entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense, los fondos automáticos no muestran una pérdida significativa en términos interanuales.

Estos envíos están determinados por la Ley de Coparticipación Federal 23.548 y otras leyes especiales, por lo que su asignación no depende de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo nacional.

Hasta septiembre, los recursos acumulados alcanzaron los $13,3 billones, con un incremento nominal del 32,8%. Sin embargo, al descontar la inflación, el aumento se tradujo en una leve contracción real del 0,4%.

El informe distingue dos componentes principales: la Coparticipación Federal de Impuestos, que representa el 62,3% del total, y las transferencias establecidas por leyes especiales, que explican el 37,7% restante e incluyen el Fondo de Financiamiento Educativo y la Compensación del Consenso Fiscal.

La coparticipación acumuló una caída real del 3,4% frente al mismo período de 2025. No obstante, el documento destaca una desaceleración del retroceso, que había llegado al 30,3% en el acumulado hasta marzo.

Por su parte, los fondos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo, la Compensación del Consenso Fiscal y otras leyes especiales registraron una suba real acumulada del 4,6% interanual al cierre del tercer trimestre. Ese incremento compensó parcialmente la caída de la coparticipación y explicó el resultado del conjunto de las transferencias.

En ese marco, el estudio busca poner en perspectiva la discusión política sobre los recursos nacionales que recibe Buenos Aires. Si bien los fondos no representan un alivio significativo para las cuentas provinciales, tampoco evidencian una pérdida relevante frente a lo percibido durante 2025.

La conclusión que se sugiere en el informe es que la Provincia no cuenta con recursos excedentes, pero la evolución de las transferencias automáticas tampoco muestra un deterioro sustancial en la comparación interanual.

El resultado general surge de dos tendencias contrapuestas: la retracción de la coparticipación y el crecimiento de los fondos distribuidos a través de otras normas.

Denuncia

La denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de personal y el cobro de salarios municipales a través de terceros suma un nuevo frente de tensión para la gestión de Julio Alak en La Plata.

El caso, que involucra a un exconcejal del PRO, combina sospechas sobre el funcionamiento administrativo del municipio con acusaciones que apuntan a posibles acuerdos políticos destinados a “reordenar favorablemente” el mapa opositor.

En el centro de la controversia aparece un exconcejal del PRO y otros militantes vinculados a este edil, de reconocida trayectoria en el distrito. De acuerdo con la información que trascendió, el dirigente republicano tendría vinculados algo más de una docena contratos municipales a nombre de presuntos prestanombres, entre los que estaría la pareja de susodicho.

Detrás de la denuncia administrativa también se plantea la hipótesis de un modus operandi político del intendente Alak para fragmentar a la oposición platense que ya habría practicado en otras ocasiones.

El expediente suma, además, un capítulo de mayor gravedad, pues circularían audios atribuidos al ex referente opositor en los que presuntamente busca cambiar de categoría a personal de “forma espuria”, según relataron.

En la trama también aparecerían varios nombres allegados al ex referente del PRO. La documentación que acompañaría la denuncia incluiría un recibo de haberes correspondiente a junio de 2026, con una remuneración neta superior a 1,2 millones de pesos.

Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente puedan determinarse, el caso introduce una discusión política que excede la situación de un exconcejal.

Para Alak, el desafío podría pasar por esclarecer si existieron irregularidades en la asignación de contratos, pero hay también una dimensión institucional del asunto.

Si se acreditara que hubo contrataciones utilizadas para beneficiar a personas sin una contraprestación laboral efectiva, la controversia dejaría de ser un problema meramente administrativo para convertirse en un cuestionamiento sobre el uso de los recursos públicos para “distorsionar” el sistema político local.

La hipótesis de un acuerdo para dividir a la oposición agrega “sustancia” a la discusión. Cualquier sospecha de articulación entre dirigentes opositores y el oficialismo puede repercutir en el tablero político local, sobre la idea de que el oficialismo presiona para dividir las alternativas opositoras con fondo públicos.

Para la administración de Alak, la respuesta no pasa por deslindar responsabilidades en segundas líneas, sino que las acciones que despliega el propio intendente para retener poder de cara a una elección local que no escapará a la lógica de las última, donde el margen de diferencia entre las principales fuerzas políticas es mínimo y el oficialismo se alza con victoria mínimas.

Reelecciones

Mientras el acuerdo dentro del PJ bonaerense cruje por todos lados, pues la tensión que se vive por estas horas entre el cristinismo y el kicillofismo se vuelve insoportable por momentos, la alianza que gobierna la provincia de Buenos Aires se aproxima a otro movimiento que adelantan será “muy agresivo”.

Se trata de un movimiento que el propio gobernador Kicillof ajusta: habilitar la reelección indefinida de intendentes.

El gobernador y los suyos empujaran a fondo para voltear la ley que impide más de dos mandatos consecutivos, que impactaría fuerte entre los alcaldes de su fuerza; pero no tendría el respaldo ni del cristinismo ni del massismo.

En ese contexto, empiezan a suceder cosas que resultan llamativas en los mentideros de la política bonaerense.

Por caso, que un concejal de un distrito que no tendría problemas para que el actual intendente de su distrito pueda participar del próximo turno electoral eleve la voz solicitando la reelección indefinida.

Hasta acá, los que se expresaban eran intendentes y legisladores provinciales, que serían los que directamente involucrados con las reformas puntuales que se reclaman.

Pero por estas horas, el presidente del Concejo Deliberante de Ituzaingó Juan Manuel Álvarez Luna propuso revisar los límites a las reelecciones y planteó que no debería existir “un impedimento para que una persona vuelva a presentarse si conserva el respaldo de los vecinos”. “Para eso está el voto popular”, afirmó.

En el plano local, Álvarez Luna acompañó ese planteo con un respaldo explícito a Pablo Descalzo. El apoyo se conoce mientras los distintos sectores políticos comienzan a mirar hacia 2027 y a discutir cómo construir sus propuestas electorales. Para Álvarez Luna, Descalzo aparece como “la principal referencia del peronismo” en el distrito, aunque aclaró que “todavía no es momento” de dar por definida la candidatura.

Cabe aclara que Pablo Descalzo no tiene ningún impedimento legal para volver a postularse como candidato a intendente, pues se trata de un intendente que se fue electo en 2023 y en 2027 estaría enfrentando su eventual única reelección consecutiva que habilita la legislación actual.

Lanzado

Con el aval de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el senador de Fuerza Patria Emmanuel Santalla se puso en marcha como precandidato a intendente de Avellaneda.

En las últimas semanas, el senador Santalla volvió a marcar distancia con la gestión provincial que encabeza Axel Kicillof. A través de un video dirigido directamente a Kicillof, cuestionó al Ejecutivo por no implementar una ley de su autoría, sancionada a finales del pasado año, que prohíbe el uso de celulares en las escuelas.

Esa identificación con el kirchnerismo/cristinismo más duro adquiere una dimensión particular en Avellaneda, un distrito donde el ex intendente Jorge Ferraresi construyó su poder político y electoral con ese perfil, cuando el distrito era la “cuna de la resistencia”.

En ese contexto, el enfrentamiento entre el exintendente y la expresidenta plantea una tensión dentro del electorado peronista local, donde la ruptura no necesariamente resulta sencilla de procesar.

Además, el escenario hacia la próxima elección presenta otra particularidad: el jefe comunal no será candidato y la continuidad del oficialismo local quedaría en manos de su esposa y actual intendenta, Magdalena Sierra.

El senador viene intensificando su presencia territorial, con recorridas y encuentros que apuntan a sostener un contacto directo con sectores diversos de la comunidad y a ampliar su visibilidad más allá de la actividad legislativa.

En los últimos días, Santalla estuvo en Villa Tranquila junto al defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y al presidente de la Cámara Penal de Avellaneda-Lanús, Gabriel Vitale, para firmar un convenio orientado a mejorar el acceso a la Justicia en los barrios. La actividad se inscribe en una agenda territorial que combina cuestiones sociales, institucionales y de servicios públicos.

En paralelo, el senador mantuvo un encuentro con trabajadores de aplicaciones y presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear una Red de Estaciones Municipales de Descanso, una iniciativa dirigida a ese sector laboral. También compartió una reunión con el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Jorge Calzoni, para abordar cuestiones vinculadas con la institución académica y su relación con la comunidad.