El silencioso ajuste bonaerense concentrado en la inversión, los salarios y las transferencias a los municipios

Al margen de la discusión o el reclamo histórico que las fuerzas opositoras, inclusive el propio oficialismo cuando fue oposición, sobre el retraso en el acceso a la información, que algunos pretenden en línea; el goteo de informes sobre la administración bonaerense muestras diferentes intenciones políticas, pero tienen el mismo eje conductor.   

La provincia cerró el primer semestre de 2026 con un déficit financiero de $876.057 millones, equivalente al 4,2% de sus recursos totales, según la ejecución presupuestaria difundida por el Poder Ejecutivo.

El resultado muestra una mejora respecto del mismo período de 2025, cuando el desequilibrio representaba el 5,4% de los ingresos. Sin embargo, detrás de esa reducción aparece una dinámica que vuelve a poner el foco sobre la composición del ajuste.

La publicación de las cuentas provinciales también adquiere una lectura política. El Gobierno bonaerense difundió la ejecución antes del vencimiento del plazo previsto por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establecía como fecha límite el 30 de septiembre.

La anticipación puede leerse en el marco de las exigencias de transparencia fiscal planteadas para avanzar con nuevas autorizaciones de endeudamiento.

Los números muestran que la mejora del resultado no provino de un crecimiento significativo de los ingresos.

Por el contrario, los recursos alcanzaron los $20,74 billones y registraron una caída real del 1,4% interanual.

Dentro de ese total, los recursos de origen nacional sumaron $8,6 billones y retrocedieron 4,2% en términos reales, mientras que los recursos propios llegaron a $12,14 billones, con una mejora real de apenas 0,7%.

En ese escenario, el gasto aparece como la principal herramienta para contener el desequilibrio.

El dato más significativo está en la inversión pública: el gasto de capital cayó 30,8% real y quedó en $971.008 millones. Su participación sobre el gasto total pasó del 6,3% en el primer semestre de 2025 al 4,5% este año.

La otra variable que vuelve a mostrar un deterioro es el gasto en personal. La masa salarial acumuló una caída real de 0,8%, prolongando una tendencia de pérdida frente a la inflación que ya se había observado en ejercicios anteriores.

A esto se suma el comportamiento de las transferencias a los municipios, que alcanzaron $2,77 billones y registraron una baja real del 2,3%.

La foto fiscal, sin embargo, presenta una particularidad: mientras se ajustan partidas vinculadas con la obra pública, los salarios y los recursos destinados a los distritos, el costo financiero de la deuda evoluciona en sentido contrario.

El pago de intereses aumentó 19,8% real interanual, convirtiéndose en uno de los componentes del gasto con mayor crecimiento.

El cuadro permite observar así una tensión central de las cuentas bonaerenses, la provincia consigue reducir el peso del déficit respecto de 2025 en un contexto de caída de los ingresos reales, pero buena parte de la corrección descansa sobre la contracción de determinadas erogaciones: la obra pública aparece como la principal variable de ajuste, mientras que los intereses de la deuda incrementan su incidencia sobre las cuentas.

El resultado deja planteado, además, un problema de sostenibilidad hacia adelante. Con ingresos que no recuperan terreno en términos reales y una inversión pública que pierde participación presupuestaria, el margen para continuar reduciendo el déficit mediante recortes puede volverse cada vez más estrecho.

Al mismo tiempo, el aumento del costo de la deuda introduce una presión adicional que no responde a la misma lógica que el resto de las partidas.

La ejecución del primer semestre ofrece, en definitiva, una fotografía de las prioridades fiscales de la provincia: menor déficit, pero en un escenario de recursos debilitados y con un ajuste concentrado en la inversión, los salarios y las transferencias a los municipios.

La contracara es un gasto financiero que crece por encima del resto y que vuelve a colocar al endeudamiento en el centro de la discusión sobre las cuentas bonaerenses.

La otra vista

Más dura es la lectura que hicieron sectores libertarios sobre la Cuenta General 2025, a partir de un diagnóstico que trasciende y apunta directamente al modelo de gestión del Estado bonaerense.

A pesar de las conclusiones generales comentadas sobre el primer semestre de 2026, para los libertarios el problema de la provincia no se limita a la falta de recursos, o caída de los ingresos como se advierte, sino que está asociado a la estructura sobre la que se organiza el gasto y a la sostenibilidad del esquema fiscal.

El diagnóstico pone el foco en una combinación que, desde esa mirada, resulta difícil de sostener: elevada presión tributaria, impuestos considerados distorsivos, una estructura burocrática de baja productividad, empresas del Estado deficitarias y una creciente dependencia de transferencias del Tesoro provincial.

La discusión adquiere así una dimensión eminentemente política. Para los libertarios, el punto no pasa solamente por cuánto recauda la provincia, sino por cómo utiliza esos recursos y qué estructuras decide sostener con fondos públicos.

En ese análisis aparecen como ejemplos el Instituto de Previsión Social (IPS), el Astillero Río Santiago, ABSA y BAGSA, organismos que, según cuestionan, requieren asistencia financiera Estatal para mantener su funcionamiento.

El planteo busca correr el eje de la discusión fiscal. En lugar de concentrarlo en la necesidad de mayores recursos, pretende instalar el debate sobre el tamaño de la administración y la eficiencia del gasto.

La crítica también se proyecta sobre la política tributaria. Desde ese sector sostienen que una provincia con elevada presión impositiva no debería responder a sus desequilibrios únicamente mediante nuevos aumentos o una mayor carga sobre el sector privado, sino revisar las estructuras que generan déficits y requieren financiamiento permanente.

El debate que intentan instalar enfrenta dos concepciones sobre el rumbo económico y el papel del Estado: por un lado, la continuidad de un esquema bonaerense que lo identifican con una fuerte presencia Estatal, asistencia a empresas, organismos públicos con utilización de recursos tributarios para sostener esas estructuras; por otro, lo que sería el rumbo del gobierno nacional con “una agenda centrada en eficiencia, productividad, inversión, competitividad, transparencia y reducción del peso del Estado sobre la actividad privada”.

Herederos

El límite a las reelecciones de los intendentes bonaerenses sigue funcionando como uno de los principales condicionantes de la política territorial. Con los tiempos electorales cada vez más cerca, y a pesar de que el tema fue planteado en una reservada reunión de lideres parlamentarios donde se pretendía conforma agenda legislativa para cerrar el año, la limitación sigue vigente.

Por ellos, varios jefes comunales comenzaron a mirar hacia adentro de sus propios espacios para definir quién podría ocupar el sillón municipal cuando llegue el momento de dejarlo.

La sucesión, en muchos casos, aparece vinculada a una lógica de continuidad, el próximo intendente podría ser alguien perteneciente al círculo político más cercano al actual jefe comunal, ya sea funcionario de confianza y en muchos casos ese funcionario resulta ser un familiar directo, algo que habría que apuntar.

Por caso, en Avellaneda, el escenario aparece casi definido. Magdalena Sierra quedó al frente del Ejecutivo municipal tras la renuncia de Jorge Ferraresi y se perfila como la candidata para continuar al frente del distrito.

Pero no es el único caso, en Moreno, la intendenta Mariel Fernández observa como una de las alternativas a su hermano Emmanuel Fernández, actual presidente del Concejo Deliberante.

En San Fernando, en tanto, el apellido también aparece como factor de continuidad: Eva Andreotti, hermana del intendente Juan Andreotti, es uno de los nombres señalados para la sucesión de un distrito que ya había atravesado una transición familiar cuando el actual jefe comunal sucedió a su padre, Luis Andreotti.

Tigre presenta un esquema similar, aunque con una dirigente que ya tiene peso propio dentro de la administración. Gisela Zamora, secretaria de Educación y Promoción Social y esposa del intendente Julio Zamora, aparece entre las figuras que podrían representar la continuidad del oficialismo local.

En Morón, el tablero es más abierto. Lucas Ghi impulsa a su hermano José María Ghi, pero no será una cuestión simple llegar a la titularidad del Ejecutivo por parte de José María, habrá disputa.

En Esteban Echeverría, entre los nombres que comenzaron a circular aparecen Magdalena Goris, ex senadora provincial y esposa del actual intendente Fernando Gray; mientras que en Merlo la alternativa con mayor visibilidad es Karina Menéndez, hermana del intendente Gustavo Menéndez.

En Ensenada, el esquema es todavía más explícito. Mario Secco promueve a su hijo Nicolás Secco como eventual candidato para sucederlo, en una estrategia que busca preservar el control político de un municipio que el intendente conduce desde 1999.

En Tres de Febrero, en tanto, la sucesión de Diego Valenzuela aparece conversada, pues el intendente interino, Rodrigo Aybar, quiere continuar pero el actual senador libertario empuja a y su esposa, la ex senadora Daniela Reich, actual secretaria de Capital Humano en el distrito para encabezar la papeleta.

San Miguel ofrece un escenario más abierto. La imposibilidad de Jaime Méndez de buscar una nueva reelección y la decisión de Joaquín de la Torre de no volver a competir ampliaron el espacio para una disputa interna por la sucesión. Pero entre los nombres que circulan aparece Pablo de la Torre, hermano de Joaquín y actual funcionario del municipio de San Isidro.