Legislatura bonaerense
Buscan prohibir la promoción de negocios piramidales y rendimientos financieros engañosos
Proponen prohibir la promoción, publicidad y difusión de negocios piramidales, entidades financieras no autorizadas y propuestas de inversión que prometan rendimientos considerados “falaces”.
La iniciativa, que tuvo despacho favorable de la comisión de Usuarios y Consumidores, busca proteger a consumidores, ahorristas e inversores frente a esquemas financieros irregulares que, según los fundamentos, se expandieron en los últimos años mediante redes sociales, plataformas digitales, estrategias de marketing y la participación de figuras públicas.
Impulsado por la diputada de la CC Romina Braga, la iniciativa busca prohibir la difusión de entidades que no se encuentren autorizadas por la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central bajo el régimen de la Ley Nacional de Entidades Financieras, entre otras limitaciones previstas.
El proyecto establece que quedará prohibida la difusión, en medios gráficos, audiovisuales y plataformas virtuales, de empresas y organizaciones financieras que no cuenten con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central (BCRA) y el marco de la Ley de Entidades Financieras.
También alcanza la promoción de negocios, cursos y herramientas que prometan ganancias que no guarden relación con los rendimientos reales y comprobables del mercado.
La propuesta contempla además la prohibición de eventos destinados a publicitar inversiones de entidades no autorizadas, así como de publicidad indirecta o encubierta realizada mediante funcionarios, influencers, programas infocomerciales o testimonios de figuras públicas.
El texto define como “rendimientos falaces” a las promesas de ganancias que superen significativamente los rendimientos promedio de instrumentos o inversiones comparables. También establece definiciones para negocios piramidales, influencers, criptoactivos, plataformas de inversión colectiva y sistemas de venta directa o multinivel.
En materia de sanciones, la iniciativa incorpora al Código de Faltas bonaerense multas de hasta veinte veces el honorario o tarifa percibida por quienes promocionen o difundan estos esquemas. Cuando se trate de funcionarios públicos, se prevé además la inhabilitación para desempeñar cargos electivos provinciales y municipales.
Para las personas jurídicas, el proyecto contempla la posibilidad de suspender actividades en la provincia por hasta cinco años o cancelar su inscripción en registros provinciales.
La autoridad de aplicación sería la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, que debería implementar un sistema de monitoreo de medios y plataformas digitales, recibir denuncias y emitir informes trimestrales.
Asimismo, se propone crear una Red Provincial de Monitoreo integrada por municipios, organismos de defensa del consumidor, universidades y organizaciones de la sociedad civil, y establecer campañas de concientización dirigidas especialmente a jóvenes y sectores considerados vulnerables.
El proyecto también dispone que las empresas de venta directa o marketing multinivel que operen en la provincia deberán registrarse y transparentar su modelo de negocios, estructura de comisiones y políticas de reembolso.
En relación con las criptomonedas, la iniciativa plantea prohibir la promoción de esquemas de inversión en activos digitales que no estén registrados, autorizados o supervisados por los organismos nacionales competentes.
Los fundamentos sostienen que la propuesta apunta a fortalecer la prevención y cerrar una brecha regulatoria frente a modalidades de fraude que utilizan herramientas digitales para captar inversores y consumidores.