Buscan prohibir por ley “el hostigamiento” en los reclamos de deuda

En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se destacó la labor de la Comisión que se ocupa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, que encabeza el diputado de UP Diego Nanni, donde se aprobaron varios proyectos de Ley.

Entre ellos, se aprobó una iniciativa de la diputada Ana Luz Balor que busca prohibir en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el hostigamiento y trato indigno en los

reclamos extrajudiciales de deuda en cabeza de los consumidores y usuarios por

parte de los proveedores de bienes y servicios, agencias de cobranzas y terceros

autorizados o en representación de estos.

La diputada propone limitar las presiones, el acoso o coacción por parte de estos agentes -una práctica cada vez más extendida ante la problemática del sobreendeudamiento-, a la vez que impedir el débito compulsivo o el impedimento del normal uso de cuentas de depósito en virtud de la existencia de deudas con la entidad prestadora; entre otros aspectos que contempla el texto normativo en trámite.

La derogación de la Resolución 1033/2021 de la ex Secretaría de Comercio

Interior significó “un notorio y grave retroceso en materia de protección de los

derechos de las y los consumidores”, recordó la diputada oficialista.

Dicha norma, aunque de rango administrativo, había logrado establecer “pautas claras y límites a los excesos” de estudios de cobranzas y acreedores, garantizando “un mínimo de respeto a la dignidad y la intimidad” de las personas deudoras.

Se estima que su eliminación ha generado un vacío normativo que deja a los consumidores en un estado de indefensión y vulnerabilidad, a merced de prácticas que a menudo se tornan intimidatorias y vejatorias.

Por lo tanto, según entiende la diputada Balor, es menester que se legisle “para devolver la seguridad jurídica y la protección a la parte más débil de la relación de consumo”.

Este proyecto de ley “no busca desconocer los derechos de los acreedores, sino encauzarlos dentro de los límites del respeto y la legalidad”, dijo la diputada de UP y subrayó que se propone, “convertir en ley las protecciones que la resolución

derogada establecía, otorgándoles mayor jerarquía, estabilidad y alcance, para

que la dignidad de las y los consumidores nunca más quede sujeta a la

discrecionalidad administrativa del gobierno de turno”.