Legislatura bonaerense
Quieren que las plataformas digitales informen sobre el funcionamiento de sus algoritmos de ventas
La iniciativa que de analiza en la Cámara baja establecer mecanismos de control y fiscalización sobre empresas que operan mediante plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires.
La diputada de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto de ley para crear el Registro Provincial de Plataformas Digitales (RPPD), una iniciativa que busca establecer mecanismos de control y fiscalización sobre empresas que operan mediante plataformas digitales en la provincia.
La propuesta establece la inscripción obligatoria de todas las plataformas digitales que desarrollen actividades dentro del territorio bonaerense, independientemente de dónde tengan fijado su domicilio legal, con el objetivo de transparentar el funcionamiento de sistemas algorítmicos utilizados en procesos comerciales y de asignación de precios.
Entre otros puntos, el proyecto prevé que las empresas deban informar variables, parámetros y reglas de decisión vinculadas a la asignación de pedidos, promociones, bonificaciones y estrategias de precios dinámicos.
La iniciativa también contempla la obligación de presentar documentación técnica sobre los modelos algorítmicos utilizados, registros de auditoría y responsables técnicos y jurídicos en el país.
En los fundamentos, la diputada por la tercera sección electoral, advirtió sobre la falta de regulación específica frente al crecimiento de nuevas prácticas comerciales basadas en tecnologías automatizadas.
“Hoy existen plataformas que utilizan sistemas de precios dinámicos que modifican automáticamente el valor de productos y servicios en tiempo real, muchas veces en perjuicio de los consumidores”, sostuvo Rasquetti al defender el proyecto.
Asimismo, remarcó que “la ausencia de reglas claras y de mecanismos de control sobre los algoritmos deja a los usuarios en una situación de vulnerabilidad frente a prácticas discriminatorias o inequitativas”.
La iniciativa pone el foco en garantizar derechos vinculados a la información transparente, el trato digno y la protección de los intereses económicos de consumidores y usuarios, contemplados tanto en la Constitución Nacional como en la legislación de defensa del consumidor.