Deudas, obras frenadas y recortes: el gobierno bonaerense calcula pérdidas por más de medio presupuesto anual

El gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una serie de reclamos contra el Estado nacional por deudas y recortes de financiamiento que, según estimaciones oficiales, ascienden a $16,7 billones a valores de marzo de 2026.

Las presentaciones judiciales comprenden ocho demandas vinculadas a transferencias adeudadas, fondos discontinuados y programas paralizados.

Dentro del primer bloque, referido a deudas directas, el gobierno bonaerense cuantifica obligaciones impagas por $4,1 billones.

El principal componente corresponde a transferencias de la ANSES a la caja previsional bonaerense, el Instituto de Previsión Social (IPS), con un monto acumulado de $2,3 billones.

Sobre este punto, la Corte Suprema intimó al gobierno nacional a presentar un plan de pagos antes del 10 de junio, tras una audiencia celebrada el 21 de abril.

A ello se suman compensaciones del Consenso Fiscal de 2017 por $1,16 billones, deuda del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por $141.668 millones; tras su interrupción entre enero y mayo de 2024, antes de su eliminación; y partidas vinculadas al Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) por $108.200 millones, destinadas principalmente a seguridad.

También se incluyen obligaciones por programas de salud reproductiva, precisadas en $82.000 millones, y convenios de asistencia financiera firmados en 2023 por $76.000 millones.

Un segundo eje del reclamo apunta a la paralización de la obra pública nacional en territorio bonaerense.

Según el gobierno de la provincia, la cancelación o suspensión de proyectos representa un impacto de $9,2 billones.

En este apartado se destacan obras ejecutadas por Nación y luego dadas de baja por unos $5,4 billones, el programa Procrear $1,5 billones, convenios con municipios para 755 obras, que ascienden a un monto de unos $866.000 millones, y acuerdos Nación-Provincia para otras 128 intervenciones por $484.000 millones.

Asimismo, se contabilizan $364.000 millones asociados a programas de vivienda discontinuados, como Casa Propia y Reconstruir, que dejaron unas 16.000 viviendas inconclusas. El relevamiento incluye además infraestructura universitaria y convenios tripartitos, entre otros proyectos.

El tercer componente refiere a pérdidas estimadas por la discontinuidad o retraso de programas nacionales, por un total de $3,4 billones.

Allí figuran el Fondo de Fortalecimiento Fiscal proyectado con $2 billones, el FONAVI con $964.000 millones, asistencia alimentaria no ejecutada por $109.000 millones y fondos no transferidos para emergencias, como los solicitados tras la situación crítica en Bahía Blanca.

Más allá de las deudas reclamadas, el gobierno bonaerense advierte sobre un deterioro más amplio en su estructura de financiamiento.

Calcula una caída de $5,3 billones en recursos de origen nacional que deberían haber sido transferidos y una merma de $2,6 billones en recaudación propia producto de la crisis económica.

En conjunto, la administración provincial sostiene que la pérdida total de recursos en menos de dos años y medio asciende a $24,6 billones.

Para dimensionar el impacto, compara esa cifra con el presupuesto anual vigente, estimado en $44 billones: el recorte equivale a algo más de la mitad del gasto total proyectado para este año.

Las autoridades provinciales remarcan que los fondos reclamados están destinados a áreas sensibles como salud, educación, seguridad, infraestructura y salarios.

También cuestionan la falta de respuesta del Gobierno nacional a los planteos formales y destacan que los reclamos ya fueron presentados en reiteradas oportunidades por vía administrativa y judicial.

El conflicto escala así al máximo tribunal, donde se dirimirá la legalidad de los recortes y la eventual obligación de la Nación de restituir los fondos o establecer mecanismos de compensación.

MESA

La decisión del gobierno de Axel Kicillof de suspender por 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) abrió un nuevo frente de tensión política, en un contexto marcado por la crisis económica y por aquella disputa de recursos con la Nación.

La medida, que impacta sobre unos dos millones de alumnos que mensualmente recibían una caja de alimentos básicos valuada en alrededor de $15.000, fue formalizada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Según la resolución oficial, la suspensión responde a una “reasignación de partidas” destinada a sostener el funcionamiento del sistema alimentario escolar, considerado prioritario dentro del esquema de asistencia social.

El recorte se inscribe en el marco de la emergencia económica provincial y se fundamenta, de acuerdo al Ejecutivo bonaerense, en la “profunda recesión” y en el “incumplimiento de transferencias” por parte del Gobierno nacional.

La decisión genera inquietud en los municipios, donde los intendentes advierten un deterioro acelerado de la situación social.

La interrupción del MESA, sostienen, implica un golpe adicional para miles de familias que utilizaban esos módulos como complemento clave ante la pérdida de ingresos.

El conflicto político se profundiza en paralelo. Concretamente se reclamar una deuda estimada en $220.000 millones vinculada al financiamiento del SAE, apuntando directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La tensión tuvo un capítulo visible en la movilización de intendentes bonaerenses junto a Larroque hacia la sede de Capital Humano, donde reclamaron la regularización de los fondos.

La ministra evitó recibir formalmente el petitorio y respondió con un mensaje público en la puerta del edificio: “Intendentes diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”.

En ese escenario, la suspensión del MESA aparece no sólo como una decisión administrativa, sino como una pieza dentro de una disputa más amplia por recursos y responsabilidades entre Nación y Provincia.

Mientras tanto, en el territorio, y sobre todo en el conurbano, la discusión adquiere un carácter más urgente: cómo sostener la asistencia alimentaria en un contexto de creciente vulnerabilidad social.

La Corte

La Suprema Corte bonaerense reactivó su agenda institucional con un doble planteo que tensiona la relación con los otros poderes del Estado: mayor autonomía financiera y la urgente cobertura de vacantes en el máximo tribunal.

El reclamo, encabezado por su presidente Sergio Torres, se inscribe en un contexto de debate más amplio sobre la calidad institucional en la provincia de Buenos Aires y expone, al mismo tiempo, los límites operativos del sistema judicial actual.

En un acto con fuerte carga política, Torres; junto a Hilda Kogan, Daniel Soria y el procurador general Julio Conte Grand; planteó de manera directa al gobernador Axel Kicillof y a la Legislatura la necesidad de avanzar en dos frentes críticos: el presupuesto judicial y la designación de jueces.

El diagnóstico fue contundente: la Corte funciona desde hace tiempo con apenas tres de los siete miembros que debería tener, una situación que calificaron como “inédita” y que, según advirtieron, compromete la toma de decisiones estratégicas.

“La cobertura de las vacantes no es una cuestión administrativa, sino una condición institucional básica”, sostuvo Torres, al subrayar que la actual integración limita el funcionamiento pleno del tribunal.

El señalamiento no es menor: con solo tres ministros, cualquier disidencia interna puede paralizar resoluciones clave, lo que agrega un componente de fragilidad a la gobernanza judicial.

El reclamo también incluyó una reconstrucción histórica que buscó dimensionar el problema. Desde la primera vacante, transcurrieron más de seis años sin que se complete la integración, mientras que la salida de Luis Genoud profundizó la desarticulación del tribunal.

En paralelo, el déficit de cargos se replica en todo el sistema judicial, aunque desde la Corte reconocieron el esfuerzo reciente del Ejecutivo provincial por avanzar en designaciones durante 2025.

Aun así, señalaron que quedan más de 200 vacantes pendientes, lo que obliga a sostener el ritmo de nombramientos en el corto plazo.

 En ese marco, las negociaciones políticas por la ampliación de la Corte aparecen como un capítulo central.

El esquema en discusión refleja el delicado equilibrio de poder dentro del sistema político bonaerense: tres lugares quedarían en manos del oficialismo; repartidos entre el kicillofismo, el cristinismo y el massismo; mientras que el cuarto sería impulsado por la oposición, con el radicalismo como principal actor.

La definición de estos nombres no solo impactará en la dinámica interna del tribunal, sino también en la correlación de fuerzas hacia el futuro.

Pero el planteo de fondo va más allá de los nombres. La Corte busca avanzar en un proyecto de “Fortalecimiento del Poder Judicial” que le otorgue autarquía financiera, es decir, la posibilidad de administrar sus propios recursos sin depender del Ejecutivo.

“No hay independencia judicial posible sin autonomía presupuestaria”, enfatizó Torres, al advertir que la actual estructura condiciona la capacidad de gestión del sistema.

El dato que expusieron, que cerca del 90% del presupuesto se destina a salarios, refuerza la idea de un margen operativo acotado y abre interrogantes sobre la eficiencia del gasto judicial.

El respaldo de entidades como el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense le dio volumen político al reclamo.

Así, la Corte bonaerense se posiciona como un actor activo en la agenda pública, en un momento donde las tensiones entre poderes y la necesidad de reformas estructurales vuelven al centro del debate de un gobierno en retirada.