Además consideró que una modificación de la estructura laboral de este tipo "requiere de una discusión responsable".

En un comunicado de prensa, esa entidad que agrupa a la banca argentina (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de comercio, la de construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural y la UIA se refirió así a la discusión que se inició el martes en el Congreso respecto a la reducción de la jornada laboral.

El legislativo trata siete proyectos que buscan intervenir en las negociaciones colectivas, herramienta clave en la relación entre empleadores y trabajadores.

Los empresarios consideraron que una modificación de la estructura laboral como lo es la reducción de la jornada requiere de un debate responsable, con la participación de todas las partes involucradas, donde es necesario generar consensos y no apresurar su tratamiento por las presiones coyunturales de la política electoral.

Entre los motivos expuestos, consideraron que "la brecha de productividad y tecnológica que nos separa con los países desarrollados viene siendo cada vez mayor" y que antes que implementar medidas de ese tipo, la Argentina debería estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal, generar empleo formal (el cual prácticamente no crece desde 2012) y promover incentivos al empleo, entre otras medidas, antes de discutir una reforma de este tipo.

Adicionalmente, los empresarios pusieron el foco en que hoy el país lidera la presión fiscal sobre el sector formal por lo que cambios de este tipo podrían redundar en más impuestos sobre el sector empleador formal y que en los últimos 20 años el principal creador de empleo registrado ha sido el sector público.

Si bien reconocen que algunos países han modificado su legislación interna para reducir el número de horas trabajadas, estos lo han hecho de manera gradual y con estructuras socioeconómicas muy diferentes a las de nuestro país.

Solicitaron que estos debates se den en el marco de discusiones tripartitas (sector empleador, sindical y gobierno) como surge del compromiso que tenemos como país para con las disposiciones del Convenio 144 de la OIT sobre consulta tripartita.

Acordaron además participar de las discusiones a sus representaciones regionales y sectoriales dado el carácter federal del debate.