La diputada bonaerense de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó pedido de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof explique los alcances de las multas labradas hace algunas semanas a la app WorldCoin, que escanea iris para recolectar datos biométricos y paga a sus usuarios con una criptomoneda propia, que luego se traduce en dinero.

En simultáneo, el diputado oficialista, integrante del bloque de UP y referente massista, Carlos Puglelli, presentó en la Cámara baja un proyecto de Ley para regular a las Apps digitales, y delimitar las relaciones entre las empresas digitales y los usuarios, con el fin de resguardar los datos biométricos y de sancionar abusos por parte de las firmas.

“Es de suma importancia para la ciudadanía en general, tener un conocimiento preciso y actualizado sobre las acciones emprendidas por el Gobierno bonaerense en materia de protección de datos personales y defensa del consumidor, especialmente en el contexto de un avance significativo de la tecnología y las nuevas formas de comercialización y recolección de información”, argumentó Braga.

Hace un tiempo la Municipalidad de La Plata clausuró dos locales comerciales de la app y el Ministerio de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica intimó a Worldcoin y Human Tools for Humanity, que operan la World app, a rendir cuentas sobre dónde aloja los datos biométricos de sus usuarios, cómo funciona el Orb, dispositivo digital que escanea la biometría del iris, cómo verifican la edad de las personas y cómo se monetizan las criptomonedas.

La iniciativa de Puglelli además plantea que las empresas tendrán que someterse al régimen tributario vigente y tener un domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Sobre este aspecto cabe aclarar que, por caso WorldCoin, está radicada en las Islas Caimán, el primer territorio de ultramar convertido en paraíso fiscal.

Asimismo, Puglelli propone la creación del Registro Provincial de Aplicaciones Digitales de Datos Biométricos, el cual “servirá para contabilizar a las empresas de tecnologías que se provean de estas fuentes de información, permitiendo un control de las bases de datos”, y define un abanico de multas, que van desde penalizaciones económicas hasta la quita de las concesiones o permisos.