Los imprevistos acontecimientos alentaron el diálogo, pero los frentes conflictivos siguen abiertos

Hubo, podríamos decir, al menos, dos hechos de alto impacto, para los observadores, suscitados tras la muerte del líder popular que supo integrar la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que en los últimos años de la dictadura supo hacerse un lugar en el under platense primero y luego porteño; para después experimentar un camino ascendente hasta convertirse en una de las bandas más convocantes de la historia del rock argentino.

La muerte, descongeló la rigidez de la indiferencia y hubo varias llamadas entre Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof en relación al velorio público que finalmente se organizó en Avellaneda.

Y ese es el segundo acto significativo, fue en las tierras de Jorge Ferraresi donde el difunto poca referencia tenía allí; todos pensaron, por un momento en la ciudad que lo cultivó, La Plata.

Quien más vuelta le dio a esa posibilidad fue el propio intendente Julio Alak que, al igual que Ferraresi, aspira a liderar la provincia de Buenos Aires de cara al proceso electoral que desplegará en 2027; tantas vueltas le dió al tema el intendente que hasta incluso se pensó en la cancha de Gimnasia, el club del artista.

No obstante, todo parece indicar que el duelo no durará mucho, el 10 de junio de 2025 la Corte Suprema dejó firme la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ese mismo día de la semana que viene habrá una actividad en su domicilio, y el 20 habrá banderazo en Parque Lezama con posterior marcha de la militancia a San José 1111.

Días atrás Máximo Kirchner disparó contra los “favorecidos” con Cristina “fuera de juego”. En una de sus redes de comunicación escribió: “Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con Ella fuera de juego. En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento”.

El gobernador Axel Kicillof acompañará el reclamo, pero ni él ni su movimiento participan de la organización de la actividad, ni su espacio se sumó a las acciones previas que se vienen llevando adelante casi a diario con movilizaciones por distritos. No confirmó asistencia, a acto alguno.

Por otro lado, el frente legislativo también tiene novedades. La oposición busca interpelar al titular del IOMA en medio de sospechas de “fuego amigo”. Los diputados bonaerenses se convocaron a una sesión especial para exigir explicaciones a Homero Giles, y en el Ejecutivo sospechan que la movida esconde una jugada kirchnerista.

La iniciativa cobró impulso a raíz de un acuerdo político entre sectores de la oposición bonaerense, motorizada conjuntamente por el radical Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich, del PRO, pero fue firmado por buena parte de los bloques opositores, incluida la bancada de LLA, pero también los denominados dialoguistas.

Ante estas circunstancias, el otro dato que se observa es que de estar todos los bloques completos de los diputados firmantes de la iniciativa aparece una nueva mayoría en el recinto de 48 diputados, justo la mitad más uno de los miembros de la casa.

No obstante, es poca la expectativa que hay respecto que la oposición pueda alcanzar realmente el número en el recinto para este lunes a las 13.

Las sospechas kicillofistas apuntan a la rapidez del trámite legislativo, y sospechan que responde a una estrategia del "camporismo" para desgastar y exponer la figura Kicillof en un área de alta sensibilidad social como la salud pública.

Específicamente se señala al diputado Facundo Tignanelli, titular del bloque oficialista, como el verdadero propulsor de “la solicitud” opositora y “la respuesta” por parte del presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara. Pero el reglamento es claro, habla de 10 días como máximo para responder la solicitud de sesión especial.

Persecución

Más San Miguel denunció un episodio de persecución política por parte del Municipio luego que inspectores municipales notificaran un acta de suspensión y una amenaza de clausura durante la realización de una nueva fecha de “Eje de la rima”.

"El Eje de la Rima" es una reconocida competencia de freestyle, un pilar de la cultura urbana en la zona oeste del conurbano bonaerense. Con más de una década de trayectoria en San Miguel, el evento sirve como un espacio de contención y desarrollo para cientos de jóvenes artistas.

En un comunicado difundido tras los hechos, los organizadores de “Eje de la rima” manifestaron su preocupación por la intimación recibida y recordaron que en 2019 el evento fue declarado de interés municipal.

Desde Más San Miguel; un espacio vecinal, cultural y político relacionado con el oficialismo bonaerense, que reúne a vecinos, comerciantes y profesionales con el objetivo de impulsar el desarrollo del distrito en áreas clave como cultura, deporte, salud y participación ciudadana; señalaron que el hecho “no constituye un caso aislado, sino que forma parte de una serie de obstáculos que vienen sufriendo desde hace más de un año para desarrollar actividades sociales, culturales y comunitarias” en el distrito.

También destacaron “la interrupción violenta” de la jornada de la “Campaña de invierno” organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que se realizó en la Plaza San Miguel, destinada a asistir a personas en situación de calle.

A ello se le sumaron antecedentes como la suspensión de los carnavales populares, así como clausuras y restricciones que alcanzaron a instituciones y clubes vinculados al espacio Más San Miguel.

“Lo que observamos es una práctica sistemática dirigida particularmente contra nuestro espacio; existe un patrón de utilización discrecional de herramientas administrativas y coercitivas para impedir o dificultar actividades impulsadas por Más San Miguel y por organizaciones que articulan con nosotros”, señaló desde la organización, la referente Bernarda Meglia, que a su vez anticipó que continuarán desarrollando actividades.

Aumento

Apenas seis meses después de la última reforma Fiscal e Impositiva, el Concejo Deliberante de Ituzaingó avanzó con un nuevo proyecto para volver a subir los tributos municipales, impulsado por el gobierno de Pablo Descalzo.

El aumento sería retroactivo a enero 2026 y además facultará al Ejecutivo a establecer ajustes de manera discrecional.

Todo ello, a pesar de que la ordenanza Impositiva tiene una cláusula gatillo que indexa por inflación, y así, cada año el Municipio se encarga de cerrar un aumento, según los ojos opositores, por encima del IPC del INDEC.

El aumento fue 25% en enero, mientras que en la medición interanual llegaba al 60%, sólo considerando la Tasa de Servicios Generales (TSG), que pagan todas las partidas con domicilio en el distrito por los servicios de alumbrado y limpieza, aunque respecto del primer servicio también se paga un cargo fijo en la boleta de Edenor.

En diciembre se estableció un nuevo sistema de segmentación por barrio y por servicios. Los segmentos más altos volverán a sufrir ajustes.

Lo mismo ocurrirá con Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), tributo que pagan industrias y comercios, baldíos o publicidad.

Este miércoles el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza preparatoria por mayoría, en final cabeza a cabeza, pero la votación fue 10 votos contra 9 votos, convocando a la sesión de Mayores Contribuyentes, para que los aumentos se puedan homologar en esa sesión extraordinaria.

“En diciembre votaron un aumento del 10 % más IPC, y 400% la tasa de Seguridad e Higiene. Pero ahora viene otro impuestazo, por lo que no le cierran los números. Van a volver a subir la TISH, que es directamente un impuesto, porque es una imposición porcentual de la facturación, donde el municipio no brinda ningún servicio”, explicó el el concejal de LLA Juan Larralde, durante un encuentro regional libertario realizado en Merlo.

Debate

El polémico desembarco de Club Atlético Barracas Central en Hurlingham se instaló en el centro del debate público esta semana, mientras unos ven cierto “alivio fiscal” otros prefieren preservar el “espacio público”.

La reciente firma del convenio entre el intendente de Hurlingham, Damián Selci, y el Club Atlético Barracas Central encendió un complejo debate político y social en el distrito, transformando un acuerdo administrativo de infraestructura deportiva en un dilema sobre la gestión de los recursos estatales.

El pacto establece la cesión de uso exclusivo de siete canchas de fútbol, dentro del Polideportivo Municipal a la institución de Parque Patricios, a cambio de un canon de 18 millones de pesos mensuales, lo que representará un ingreso adelantado de 216 millones anuales para la comuna.

Desde la perspectiva oficialista, la medida se fundamenta en una estricta lógica de optimización financiera; sin embargo, la cesión del predio, despertó duras críticas en la oposición y en sectores vecinales, quienes denuncian una privatización encubierta del único polideportivo público del partido y catalogan el monto del alquiler como irrisorio “frente a los valores reales de mercado”.

En los últimos días, el Concejo Deliberante de Hurlingham cumplió con la realización de una audiencia pública para poder homologar el convenio. Se anotaron 61 expositores, pero la mitad no se presentó en el Centro Cultural Leopoldo Marechal.

Tras la audiencia, el concejal Julio Medina reprochó que “la decisión política ya había sido adoptada”, por lo que el convenio avanzará, pero, aun así, “decenas de vecinos hicieron escuchar su voz, expresaron su preocupación por la pérdida de espacios públicos, por las restricciones que podría sufrir la comunidad para acceder a un lugar que históricamente fue de todos”.