Buscan incorporar herramientas procesales para investigar delitos digitales

El diputado bonaerense del bloque PRO, Martín Endere, presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema judicial frente al crecimiento de los delitos digitales.

La iniciativa plantea la incorporación de mecanismos específicos que permitan a fiscales y jueces actuar con mayor celeridad y eficacia en la recolección y preservación de evidencia digital, un aspecto que el legislador considera actualmente insuficiente en la normativa vigente.

Según Endere, pese a la existencia de agentes fiscales especializados en ciberdelitos, el marco procesal “no cuenta con herramientas que permitan a los actores judiciales moverse con velocidad y efectividad” ante este tipo de ilícitos.

En ese sentido, el proyecto toma en cuenta la creciente complejidad de las modalidades delictivas vinculadas al entorno digital, como estafas, hackeos, redes de explotación infantil y robo de información, caracterizadas por la volatilidad de las pruebas, que pueden ser eliminadas o alteradas con rapidez.

Datos relevados por la Fiscalía especializada en ciberdelincuencia correspondientes al período abril de 2022-marzo de 2023 reflejan la magnitud del fenómeno: se registraron 35.447 reportes, se iniciaron 353 investigaciones penales preparatorias y se realizaron 854 asistencias a otras fiscalías.

Asimismo, los casos de fraude crecieron un 33,2% respecto del período anterior, con 26.454 reportes, de los cuales 14.280 estuvieron vinculados a operaciones de compraventa y 3.418 a transacciones de banca electrónica.

Frente a este escenario, la propuesta legislativa impulsa la incorporación del artículo 226 bis al Código Procesal Penal bonaerense, con el fin de habilitar a la Justicia a secuestrar, extraer y preservar evidencia digital relevante para las investigaciones.

El texto establece que los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial podrán adoptar medidas para resguardar información contenida en dispositivos digitales o informáticos, cuando esta resulte útil para el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos.

 Asimismo, faculta a los agentes fiscales a ordenar el aseguramiento de datos específicos cuando exista riesgo de alteración, supresión o pérdida de disponibilidad.

En paralelo, la iniciativa contempla la posibilidad de requerir a personas humanas o jurídicas que presten servicios de comunicaciones la entrega de datos personales o de identificación de usuarios, así como otra información asociada que resulte pertinente para la investigación en curso.

En cuanto a los antecedentes, Endere señaló que provincias como Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén y San Luis ya cuentan con marcos normativos actualizados en la materia, los cuales han mostrado resultados positivos en el abordaje de este tipo de delitos.

“El contexto actual obliga a modernizar los códigos procesales, en tanto la era digital no solo redefine las formas de comunicación, sino también las modalidades delictivas”, concluyó el legislador.