La senadora bonaerense del Frente Renovador, Malena Galmarini, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto propone además la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todos los establecimientos penitenciarios y el refuerzo de controles tecnológicos y requisas para impedir el ingreso de dispositivos móviles a los pabellones. La medida tendría un plazo máximo de 180 días para su implementación una vez aprobada.

Según la legisladora, la iniciativa busca evitar que las cárceles funcionen como centros de organización del delito. En ese sentido, sostuvo que “el sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos” y remarcó que el objetivo es proteger a las víctimas de maniobras fraudulentas que se realizan mediante llamadas o mensajes desde prisión.

El proyecto establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni otros dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas.

No obstante, contempla que los detenidos puedan mantener contacto con familiares y abogados mediante sistemas de comunicación supervisados por el Estado.

La discusión sobre el uso de celulares en cárceles volvió a tomar fuerza en la provincia luego de distintos casos de estafas y extorsiones organizadas desde unidades penitenciarias, lo que impulsó a distintos sectores políticos a presentar iniciativas similares para restringir las comunicaciones ilegales desde los penales.