El senador bonaerense La Libertad Avanza, Matías de Urraza presentó un proyecto de solicitud de informes dirigido al Poder Ejecutivo Provincial para que detalle la situación actual del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial, creado por la Ley 12.511 y disuelto recientemente por la Ley 15.557.

La iniciativa solicita información precisa sobre las obras y tareas en ejecución al 31 de diciembre de 2025, la composición del patrimonio del Fondo, los instrumentos financieros vigentes emitidos en favor del mismo, el destino del personal afectado al Consejo de Administración y la identificación de las autoridades responsables del proceso de implementación, disolución y liquidación.

Asimismo, se requiere conocer el estado situacional de la disolución al 14 de enero de 2026.

En los fundamentos del proyecto, de Urraza advierte que el Fondo Fiduciario, sancionado en el año 2000, permitió durante más de dos décadas la ejecución de obra pública por fuera del presupuesto provincial, con controles débiles por parte de los organismos constitucionales encargados de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

A lo largo de sus 25 años de vigencia, su normativa fue modificada en reiteradas oportunidades, adecuando su funcionamiento a las necesidades de cada gestión.

El pedido de informes pone el foco en las consecuencias de la liquidación del Fondo, especialmente en un contexto de presupuestos prorrogados y con la cesación de pagos dispuesta como efecto inmediato.

Según se detalla, empresas privadas que habían planificado sus finanzas en función de compromisos asumidos por el Fondo ya iniciaron reclamos legales por saldos adeudados, lo que evidencia falencias en el mecanismo de disolución.

El proyecto advierte que estos reclamos podrían derivar en juicios contra la Provincia, con un impacto directo sobre los recursos públicos y, en consecuencia, sobre el conjunto de los bonaerenses.

Además, de los certificados de obra ya presentados, se señala que el incumplimiento de los plazos de pago activa actualizaciones diarias mediante el Valor de Unidad de Vivienda, cuyo valor pasó de 1.1176 pesos en noviembre a 1.272 pesos al 12 de enero, según datos del Banco Nación.

En ese marco, de Urraza considera “imprescindible contar con información detallada y actualizada que permita dimensionar el impacto económico, administrativo y legal de la disolución del Fondo Fiduciario, y evaluar eventuales responsabilidades”.

Por estos motivos, solicitó el acompañamiento de sus pares para avanzar con la iniciativa y “resguardar el interés público y la correcta administración de los recursos provinciales”, según apuntó.