Un proyecto presentado por la diputada de UP Lucía Klug, desató un fuerte enfrentamiento político y rural. La iniciativa propone crear la “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires” (TAMBA), un gravamen que se calcularía según las emisiones de metano producidas por el ganado en función del stock de animales de cada establecimiento.

Según la legisladora, la medida se enmarca en un esquema de “Responsabilidad Extendida del Productor” para reducir gases de efecto invernadero, recordando que la provincia de Buenos Aires aporta el 25% de las emisiones del país y que la ganadería es un factor relevante. Sin embargo, la propuesta fue recibida con rechazo inmediato por organizaciones del agro.

Pero ni bien presentado el proyecto la polémica se instaló en torno al mismo que recién está dando los primeros pasos en la Cámara baja.

En las últimas horas, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, salió con fuerza a cuestionar el proyecto presentado por su par de UP Lucía Klug, que propone crear la “Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires” (Tamba).

Bugallo sostuvo que el planteo de la diputada “llega al límite del absurdo” y denunció que la iniciativa implicaría “inventar un nuevo impuesto” sobre el gas metano que emiten las vacas durante su proceso digestivo.

En esa línea, el legislador afirmó que el proyecto intenta convertir al ganado “en un nuevo sujeto imponible” y que la propuesta carece de respaldo técnico y operativo.

El legislador que tiene relación con el sector rural aseguró que “no existe un método práctico, económico ni verificable” para medir la emisión de metano de cada animal, y que ningún establecimiento ganadero podría implementar sensores o controles permanentes, ni siquiera con tecnología de laboratorio, por eso, sostuvo que se trata de una tasa “que no se puede medir, ni auditar, ni comprobar”.

Para Bugallo, el proyecto abre la puerta a que el Estado bonaerense avance sobre un sector que ya enfrenta altos costos y dificultades productivas. En tanto que, el diputado advirtió que la medida implicaría una carga adicional para pequeños y medianos productores, con impacto directo en los costos y en los precios que pagan los consumidores.

La iniciativa de Klug propone crear un régimen de “Responsabilidad Extendida del Productor” y calcular el monto de la tasa según los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) generados por cada establecimiento en relación con su stock de animales. La legisladora argumenta que Buenos Aires aporta el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país y que la ganadería representa parte significativa del metano provincial.

En el proyecto se busca establecer un mecanismo provincial para gravar las emisiones de metano del ganado, bajo el argumento de que las políticas ambientales requieren instrumentos económicos para incentivar la reducción de gases de efecto invernadero.

La propuesta prevé la creación del Fondo Fiduciario Ambiental, que administraría lo recaudado para financiar programas de compensación y mejoras en la gestión de residuos.

Los fundamentos del proyecto detallan que el 27% de las emisiones bonaerenses corresponde al metano y que el 19% surge de la actividad ganadera, datos que la autora utiliza para justificar la implementación de una tasa específica.

También sostiene que otros sectores, como los basurales y rellenos sanitarios, representan porcentajes menores dentro del total provincial.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa manifestó también su rechazo al proyecto.