La iniciativa promovida por el gobernador Axel Kicillof apunta a promover grandes inversiones que estén en línea con los objetivos productivos de la provincia de Buenos Aires. El régimen otorga exenciones en el impuesto inmobiliario, en Ingresos Brutos y en el impuesto a los sellos, además de “estabilidad fiscal”.

El debate tuvo derivaciones políticas, pero finalmente el bloque de UP junto a los tres libertarios que conduce el senador Sergio Vargas conformaron una clara mayoría de 24 miembros; mientras que el bloque del PRO, de LLA 1 y BA Libre, votaron en contra y la UCR+CF solicitó autorización del Cuerpo para abstenerse. 

La iniciativa presentada por el Ejecutivo no recibió modificaciones en la Cámara alta y en ese sentido, promueve la creación de empleos de calidad y la generación de valor agregado; el desarrollo de proveedores locales y nuevos sectores productivos; la promoción de la transferencia tecnológica y la diversificación de la matriz productiva; el impulso de las exportaciones y la sustitución de importaciones; y la reducción de desequilibrios territoriales.

“Esta iniciativa está en las antípodas del RIGI que impulsa el Gobierno nacional: nosotros no podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones sea la de primarizar, rifar los recursos naturales y no agregar valor. Por el contrario, este es un proyecto de desarrollo económico e industrial”, había subrayado el gobernador Kicillof cuando presentó la iniciativa el Día de la Industria el pasado 2 de septiembre en Ituzaingó.

Es que, por entonces, Kicillof buscaba gambetear la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que impulsó el presidente Javier Milei, lo que algunos señalaron como un dato relevante cuando YPF y Petronas confirmaran que la inversión de la planta de gas natural licuado iría a Punta Colorada, Río Negro, provincia que sí se plegó; en desmedró de su instalación en el puerto bonaerense de Bahía Blanca.

Según el articulado de la normativa sancionada serán elegibles proyectos productivos que abarquen la generación de nuevos procesos productivos; la construcción de plantas o ampliaciones de instalaciones ya existentes dentro de los sectores vinculados a servicios, industria manufacturera, o de uso intensivo de recursos naturales; y proyectos considerados estratégicos.

Las propuestas aprobadas tendrán exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos. Los proyectos con inversiones desde US$5 millones hasta US$50 millones podrán acceder a un 30% durante 5 años; mientras que para aquellos que tengan una inversión de entre US$50 millones y US$200 millones el beneficio alcanzará un 25% de exención durante 4 años. En el caso de las inversiones de más de US$200 millones la exención será del 20% durante 3 años.

Asimismo, podrán obtener beneficios adicionales por sobre esas exenciones aquellos proyectos que incrementen el empleo, permitan la sustitución de importaciones; potencien la innovación tecnológica; o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales. En este caso será de 10% y 2 años más de plazo; mientras que los proyectos que aumenten las exportaciones, adopten políticas de género o sostenibilidad ambiental podrán acceder a un 5% extra de exención y 1 año más de plazo.

La estabilidad fiscal abarcará el periodo de los beneficios otorgados y podrá extenderse hasta 30 años si cumple determinadas finalidades del Régimen. Además, los proyectos de inversión mayores a US$50 millones deberán presentar un programa de desarrollo de proveedores, y destinar al menos el 50% de los pagos a empresas proveedoras radicadas en la provincia de Buenos Aires.