En declaraciones a la radio pública de la provincia, en AM1270, el diputado nacional adelantó que esta tarde “esperamos poder conseguir el acuerdo necesario” en el plenario entre las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados “para que se abra la investigación” contra los legisladores de LLA que visitaron a los genocidas en el penal de Ezeiza.

El presidente del bloque de diputados de UP resaltó que intentarán que “quede bien en claro que una actitud antidemocrática como esa es demasiado importante como para que el Congreso no dé una respuesta de las mismas proporciones”.

En ese marco, pidió “la máxima sanción posible, analizando las distintas responsabilidades”, por cuanto consideró que “además de dilucidar los hechos, debe ser claramente ejemplificado hacia futuro”.

Así mismo, analizó que el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, “no se ha movido de su posición” y “sigue diciendo que no hay que investigar absolutamente nada porque para poder legislar se necesita ir a los diferentes lugares”.

No obstante, resaltó que “sí se han movido las posiciones de algunos legisladores del PRO, el radicalismo y de Hacemos Coalición Federal”, por lo que los convocó a que “se expresen donde se tienen que expresar las cosas, que es en las comisiones y en el recinto” para lograr las sanciones correspondientes.

Por otra parte, adelantó que “vamos a buscar los dos tercios” en el recinto luego del veto del Presidente para ratificar la ley de movilidad jubilatoria.

Señaló que “en Diputados sacamos 160 votos, pero hubo legisladores que se abstuvieron y otros ausentes”, cuyas bancas serán estratégicas para “alcanzar el máximo número posible”.

A su vez, valoró que “hay un montón de jubilados y trabajadores que tienen ganas de salir a generar las condiciones sociales necesarias para sostener la votación de los diputados”.

Por último, informó que desde su bloque presentaron “un proyecto de resolución en contra del decreto simple de reforma a la Ley de Acceso a la Información” y explicó que desde el Gobierno “lo disfrazan como una reglamentación de contenido de la ley” para que se tome como una “atribución del Poder Ejecutivo”.

Sin embargo, aclaró que “lo dispuesto va en contra de su espíritu, y ahí hay que poner el acento porque cuando se reglamenta, no se puede ir más allá de lo que propone la norma”.