La oposición unida en la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Se trata de una recomposición mayor a la otorgada por el DNU 274/24 y un piso para el haber mínimo, en lo que constituye una derrota legislativa para el oficialismo y desafía al presidente Javier Milei, que ya advirtió que vetará toda ley que atente contra su objetivo de equilibrio fiscal. La pelota quedó ahora en el Senado, abocado por estos días a la ley de Bases y el paquete fiscal.

 

El dictamen que resultó aprobado fue el primero en minoría, pues inicialmente el de la mayoría (UP) había resultado rechazado por 135 votos, contra 99 positivos y 7 abstenciones.

 

A continuación, y tras que quedara claro que existía un acuerdo previo por el que se había llegado a ese punto, el dictamen de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobado por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones.

 

Previamente se habían leído y aceptado los cambios a los artículos 4 y 10, que leyó el radical Lisandro Nieri, y que resultaban parte del acuerdo alcanzado con la bancada conducida por Germán Martínez.

 

El artículo 10 subsanaba una diferencia existente entre los dos dictámenes, en referencia a la utilización del FGS para pagar deudas previsionales.

 

Así las cosas y tras un debate que se extendió por más de ocho horas, Unión por la Patria y los llamados bloques “dialoguistas” (UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y Coalición Cívica) establecieron un acuerdo para establecer un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE).

 

A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, que en abril fue de 268.012 pesos.

 

Toda la oposición -incluso el Pro, que igual se mantuvo en sintonía con La Libertad Avanza- reunía consenso en torno a recomponer las jubilaciones de acuerdo con la inflación más alta del año, que fue la de enero con 20,6%.

 

No conformes con el 12,5% en abril que el Gobierno estableció mediante su DNU, la iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva.

 

A la sesión se había llegado con cinco dictámenes de las comisiones. Si bien los textos de UP -despacho de mayoría- y los dialoguistas eran similares en los puntos centrales, la principal diferencia radicaba en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, que el kirchnerismo no quería tocar, mientras los otros bloques proponían usarlo para cancelar deudas con las provincias por las cajas no transferidas y para pagar 82 mil sentencias firmes por juicios de reajuste. Quienes más insistían con esto eran los legisladores del oficialismo cordobés, que finalmente accedieron a cambios.

 

Durante el debate, desde la oposición dialoguista insistieron con la “responsabilidad” y “razonabilidad” fiscal de su propuesta, comparando con el costo de la propuesta inicial de UP (que pretendía una recomposición para alcanzar no el 20 sino el 30 por ciento), y mucho más con el dictamen de la izquierda (que planteaba el 82% móvil, entre otras cosas).

 

A propósito de la izquierda, se abstuvieron a la hora de votar, argumentando que “lo que se necesita es una verdadera recomposición de haberes y no cuidar el déficit cero que reclama el Fondo Monetario”.

 

Quórum holgado

 

La sesión, que había sido pedida por el sector dialoguista, arrancó a las 11.25 del martes con la presencia de 140 diputados. Al quórum contribuyó el bloque de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. También estuvo el santacruceño José Luis Garrido.

 

Previsiblemente no bajaron al recinto en el comienzo los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados: el Pro, MID, los tucumanos de Independencia y los monobloques afines.

 

Para las 14 estaba citada otra sesión, que había solicitado UP, comandado por Germán Martínez. Previsiblemente, ante la extensión de la primera reunión, ésta se postergó. Hubo desde el bloque peronista/kirchnerista una intención de sumar los temas educativos -financiamiento universitario y FONID-, pero esto fracasó. Incluso, la UCR anunció que pidió una sesión para el 3 de julio. Sobre estos temas no se pudieron cerrar los acuerdos necesarios como sí finalmente sucedió en torno a jubilaciones.

 

El debate

 

Uno de los miembros informantes de Unión por la Patria fue el riojano Ricardo Herrera, quien aseguró: “Tenemos una enorme responsabilidad de revertir el error de seguir considerando y de considerar a los jubilados como variable de ajuste de este modelo económico. Es inadmisible que el éxito de este modelo dependa pura y exclusivamente del ajuste a los jubilados, los docentes, el cierre de organismos del Estado y el achicamiento de la planta estatal”.

 

“Acá lo que están en juego son dos miradas de cómo abordamos el tema de los jubilados: frente a este modelo del ‘sálvese quien pueda’, de la libertad de mercado, de una insensibilidad pocas veces vista, nosotros estamos en las antípodas de esto. Frente a esta ausencia del Estado, nosotros sí proponemos un Estado que intervenga, que regule inequidades y se haga cargo de los jubilados”, expresó el vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

 

El legislador admitió que la fórmula del gobierno anterior “no estaba siendo satisfactoria” porque “la inflación se estaba disparando y los jubilados empezaban a perder frente a la inflación”. En tanto, destacó el debate que se dio en comisiones y la postura que se tuvo desde su bloque. “No hemos sido nosotros los que no hemos puesto voluntad para encontrar una fórmula que le dé un piso de dignidad a los jubilados. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles, cambiamos nuestro dictamen”.

 

En el arranque, la otra voz de Unión por la Patria fue la de Itaí Hagman, quien cargó contra el decreto presidencial 274/24 y apuntó que “congela a los haberes jubilatorios en los niveles más bajos de la historia”. “El DNU no resolvió el problema, sino que lo empeoró porque entre enero y abril el gasto previsional bajó 21%”, cargó.

 

De igual manera, sostuvo que “más de un tercio del ajuste recae en los jubilados”, y relacionó que “si realmente lo hubieran querido resolver lo hubiesen hecho en enero”. “Con el DNU no van a recuperar nunca su poder adquisitivo, lo van a seguir perdiendo y lo más perverso es que este DNU está diciendo que si hay crecimiento, no habrá participación para los jubilados”, añadió.

 

En rigor, Hagman sumó que el despacho de UP busca “ajustar por inflación y complementar con una compensación extraordinaria para recuperar al mes de enero”. También, planteó que el piso del haber mínimo será “el equivalente a una canasta básica multiplicada por 1,2”.

 

Asimismo, mencionó que “no vamos a votar que un jubilado cobre por debajo de la mínima, no estamos dispuesto a liquidar el FGS y no vamos a permitir que se vuelva al régimen de capitalización individual (AFJP) que deja a dos tercios de los adultos mayores fuera del sistema”.

 

Por el dictamen de minoría, primero habló la cordobesa radical Gabriela Brouwer de Koning, que señaló que el sistema previsional argentino “está atravesando una de sus peores crisis” por lo que planteó “trabajar juntos para poder encontrar una propuesta seria que, ante los infortunios que pueda tener una persona, eso no lo condicione para poder tener derecho a una vida digna”.

 

“En el contexto social que atraviesa el país el 86% de jubilados y pensionados no logran cubrir la canasta básica por eso es urgente que nos aboquemos a resolver este problema”, indicó. La radical manifestó que la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó la viabilidad física, económica y financiera del proyecto y “es por eso que estamos seguros que nuestra propuesta tiene un sólido fundamento técnico y económico”.

 

Brouwer de Koning cuestionó: “El DNU del Gobierno se hizo eco de la mayoría de las propuestas de la comisión porque hablaban de utilizar la variable del IPC, pero cuando se sacó el DNU no se contempló ninguna recomposición de los haberes respecto de la inflación desde enero, sino que dio un incremento del 12,5% cuando la inflación había sido de un 20,6% a esto lo consideramos insuficiente. Tampoco contempló la variable de los salarios por eso es una omisión crítica. No incorporó ninguna alternativa en relación a la precaria y paliativa política de otorgar bonos. Es improvisado”.

 

Así, defendió: “Este proyecto trabajado pretender garantizar el porcentaje de inflación perdido de enero, garantizar un haber mínimo relacionado a la canasta básica que brinda INDEC, incorpora en la fórmula la variación salarial y con el FGS pretende pagar la deuda que tiene el Gobierno nacional a las cajas provinciales no transferidas y cancelar todos los juicios pendientes que tienen jubilaos y pensionados del país y saldar todas las deudas y obligaciones con uno de los sectores más vulnerables de la población”.

 

Y cerró: “La Oficina de Presupuesto del Congreso estableció que el costo fiscal es de un 0,43% del PBI, es decir lo mismo que el Gobierno pretender ahorrarse con el deterioro de capacidad de compra que es un 0,4% o el 10% de los gastos tributarios. Esos más de 7 millones de argentinos están viviendo con un ingreso menor a la canasta básica”.

 

El radical mendocino Lisandro Nieri reiteró que “estamos tratando una situación de urgencia”, y sugirió que “debemos trabajar en la evaluación y reformulación de regímenes especiales, regímenes de privilegio y trabajar en una ampliación del sector activo porque tenemos mucha informalidad, menos de la mitad de los trabajadores argentinos registrados y por ende una recaudación potencial muy superior”.

 

“Proponemos recomposición del 8,1 % de lo perdido por la inflación de enero. Un mínimo vinculado a la canasta básica para el adulto mayor, y una recuperación en el mediano plazo a través de la recuperación de los salarios si hay un crecimiento en la economía”, explicó con relación al dictamen de minoría de la UCR y los dialoguistas.

 

Añadió, también, que “eso podría hacer que en el largo plazo haya una recomposición real de las jubilaciones”. El costo es del 0,43 % del PBI. Hay muchos privilegios y beneficios impositivos por los cuales podríamos mejorar un 2 % la recaudación”, cerró.

 

También se expresó por el bloque Hacemos Coalición Federal la cordobesa Alejandra Torres quien manifestó que “representa un acto de justicia y responsabilidad con los jubilados”, y planteó: “Tenemos que pensar cómo vamos a atender que vamos a tener mayor cantidad de jubilados y pensionados que de gente activa aportando”.

 

“Los jubilados y pensionados han visto deteriorado sus haberes sustancialmente y representan el 40% del famoso superávit y reducción de gasto que alardea el oficialismo”, alertó y señaló: “Deberíamos apuntar a un sistema de movilidad que tenga en cuenta la inflación presente en enero. Es fundamental buscar una solución de mejora para los jubilados y pensionados por distintos puntos. En la propuesta damos un marco legal a la movilidad por ley que es lo que la Corte Suprema ha dicho en varias disposiciones que regular por DNU la movilidad es una incitación a la litigiosidad por lo que señala que es responsabilidad del Congreso dictar una fórmula de movilidad”.

 

El diputado de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle fue el miembro informante del oficialismo en defensa del dictamen que ratifica las medidas del Gobierno: “Vamos a apoyar decididamente el DNU 274/24 y hay 3 componentes del pago de jubilaciones”.

 

En esa línea, amplió que “el primero es el aporte del trabajador activo, segundo son contribuciones del empleador y el tercer componente son otros a gravámenes como la recaudación del IVA que va a la seguridad social (el 11%) o el impuesto al cheque va al ANSeS”.

 

“Debemos ratificar el DNU con todos sus artículos porque el decreto está contemplando los dos meses anteriores y la baja de la inflación y es lo que ayuda a no desvirtuar las cosas que estamos consiguiendo”, cerró el salteño.

 

Por el Pro la encargada de defender el dictamen fue la diputada María Eugenia Vidal quien apuntó: “Parece que el problema de las jubilaciones empezó hace seis meses”, y precisó: “Durante el año pasado se sumaron 3 millones de pobres, el salario real cayó 5 puntos y el no registrado 12 puntos, por primera vez en el país un trabajador formal fue pobre, la inflación acumulada es de más de 1.000% y terminó con más de 200% anual. El país quedó con un problema fiscal y cuasi fiscal de 15 puntos con reservas negativas, más deuda y una presión fiscal más altas de la región. El empleo generado en esos años fue un 60% de monotributistas, cuentapropistas y trabajo informal de bajos salarios”.

 

“En ese contexto el Gobierno decidió modificar la fórmula de actualización de jubilaciones ocasionando un daño enorme a los jubilados que en la jubilación promedio perdieron un 30% de poder adquisitivo. Tan evidente era el perjuicio que el cambio de fórmula generó que tuvieron que generar un bono pagaron durante años a la jubilación mínima dejando fuera a jubilados que cobraban 10 mil o 20 mil pesos más como si fueran ricos, pero ahora si con bonos y todo dejaron las jubilaciones mínimas por debajo de la inflación”, cuestionó.

 

Vidal criticó que “cuando todo esto pasaba, en el Congreso, que ahora parece tan activo con sesiones especiales, había silencio y excusas. Una sola vez se reunió la Comisión de Previsión Social en 2023, una sola vez se trató el tema de jubilados en la Comisión de Presupuesto para cambiar la fórmula que prorrogaron por DNU y festejaban diciendo que esa fórmula iba a mejorar la vida de los jubilados”.

 

La diputada bonaerense arremetió contra el dictamen de mayoría de UP que “suma 1.8 de aumento de gasto al PBI y vamos a gastar más del ahorro que logramos los argentinos del 1.2 desde diciembre a abril, van a salir diciendo que ampliaron derecho, pero a costa del esfuerzo de los argentinos y del fracaso económico”.

 

“Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque durante los últimos años metieron 4 millones de personas en el sistema previsional sin aportes, porque usaron el FGS para colocar deuda pública, porque estas cámaras votaron más de 200 regímenes de excepción, las dos jubilaciones de privilegio que cobra la ex vicepresidenta”, disparó y cerró: “Nuestro dictamen establece por ley la fórmula del DNU porque creemos que esa es la fórmula de movilidad que necesitan los jubilados, reconocer el 8% de enero, pero le da facultad al Gobierno para pagarlo de la forma que quiera sin alterar la meta de déficit cero y deroga las jubilaciones de privilegio para presidente y vice y restringe que las cobren quienes hayan sido removidos por juicio político o tengan condena con sentencia firme por causas vinculadas a corrupción”.

 

En defensa del quinto dictamen, el legislador del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño afirmó que “solamente de diciembre a mayo, con este Gobierno, los jubilados perdieron más 25 puntos de su poder adquisitivo. Y lo festejan, diciendo que han conseguido el superávit fiscal”.

 

Del mismo modo, cuestionó que “es asombrosa la capacidad de algunos diputados para hablar alegremente como si no hubiesen tenido responsabilidad en el robo a los jubilados”. “Venimos acompañando la organización y movilización de distintas agrupaciones de jubilados, y nuestro dictamen responde a su reclamo porque la preocupación es por ver cómo recomponerlas”, añadió.

 

“Tenemos que plantear la recomposición, y por supuesto que planteamos de dónde sacar los recursos, porque es falso que ‘no hay plata’. La tienen los grandes grupos económicos, el FMI, que la levantan en pala”, siguió.

 

Por último, definió que “los adultos mayores están viviendo una catástrofe. La diferencia que hay entre lo que cobraban cuando estaban en actividad y cuando se jubilan es del 50%”, y cerró: “Ya como trabajadores eran pobres, ahora como jubilado pasan a ser indigentes”.

 

Desde UP, el diputado Carlos Heller criticó: “Muchos diputados pretenden negar que estamos viviendo un proceso de un enorme ajuste fiscal. El presidente de la Nación dice orgullosamente que está haciendo el mayor ajuste de la historia. Estamos en el medio de un fenomenal ajuste”.

 

“Tenemos una política pública que cree que hay que eliminar el Estado que cree que los verdaderos héroes son los monopolios, los que evaden, los que contrabandean. En ese marco estamos discutiendo el tema de las jubilaciones”, planteó.

 

Heller enumeró: “Algunos diputados hablan del problema fiscal ignorando el impacto fiscal que tienen los intereses de la deuda contraída durante la gestión del Gobierno de Mauricio Macri. Hay 5 millones de pobres más en tres meses, 50% de informalidad y le queres echar la culpa a la gente, a los que han trabajado y los empleadores no les han hecho los aportes, entre ese 50% hay una enorme cantidad de mujeres que trabajaron a lo largo de su vida en tareas domésticas y nunca les hicieron los aportes”.

 

“Es una falacia reiterada de que ingresan a las moratorias gratis, son planes de pago que hacen que ingresen cuando tienen la edad y se les descuenta una parte de la jubilación para cubrir los aportes que no le hicieron cuando trabajaron. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utiliza para muchas cosas y hay proyectos de inversión que están financiados con ese fondo”, cerró.

 

Su par de bancada, Gisela Marziotta sumó: “Es importante que se deje de mentir porque pretender eliminar la moratoria es básicamente misógino porque 9 de cada 10 no van a poder acceder a una jubilación, es parte de aumentar la edad jubilatoria y bajar la jubilación mínima y lo muestran como una buena gestión de gobierno. Perjudican la calidad de vida de adultos mayores, futuros no jubilados”.

 

Marziotta denunció que “el objetivo es exterminar esta categoría que tiene que ver con un derecho adquirido que es el acceso a la jubilación. El ninguneo de nuestros adultos mayores se viene manifestando con el atraso de los haberes jubilatorios”, y finalizó: “El Gobierno les quiere hacer creer que actualizando por inflación van a poder recuperar todo lo perdido, por eso nuestra propuesta es contener siempre la actualización no solo por inflación sino también hacerlo por el RIPTE para compensar y no planchar las jubilaciones que quiere el Gobierno”.

 

También desde UP, el tucumano Pablo Yedlin se mostró autocrítico y afirmó que “los que estuvimos antes en el gobierno tenemos responsabilidad, pero es real que la situación empeoró en estos meses”. Aclaró, en ese sentido, que “la ley Bases quería derogar la fórmula de movilidad”.

 

Además, se refirió al despacho de mayoría y al dictamen de la UCR con los dialoguistas y anunció que “estamos cerca de tener acuerdo”. Luego, mencionó los proyectos educativos y abrió la posibilidad de pedir un cuarto intermedio para continuar con la sesión la semana que viene y tratar financiamiento universitario y FONID.

 

En los cierres, que comenzaron cerca de la medianoche, habló por Hacemos Coalición Federal el diputado Nicolás Massot, quien recordó que en la ley ómnibus original “uno de los principales temas, que generó tanta resistencia, era la derogación absoluta de la movilidad jubilatoria”. “Queremos garantizar que los cambios ocurran, pero queremos evitar los excesos”, aclaró y en esa línea aseguró: “Acá no estamos por una cuestión demagógica. No queremos quebrar el equilibrio fiscal de nadie. Acá estamos para corregir una avivada”.

 

El opositor sostuvo que entiende “la necesidad que puede tener un Gobierno de rediseñar algo que todos los gobiernos rediseñaron” como es la fórmula jubilatoria, pero consideró que con esta ley se está “perfeccionando, robusteciendo” el DNU 274/24. “Estamos votando una ley, no ya la fragilidad de un decreto de necesidad y urgencia”, valoró.

 

El jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, señaló que “las decisiones tomadas por el Gobierno después de la devaluación y de la licuación de los haberes significó una poda de aproximadamente el 40% del poder adquisitivo de los jubilados”, para recordar también que la fórmula de Alberto Fernández “podó un 35% el haber previsional”.

 

El cordobés observó que la “insustentabilidad del sistema” se debe a las distintas moratorias, de las cuales responsabilizó al peronismo; que el 50% del mercado laboral está en la informalidad; y que “entre jubilaciones y pensiones se va cerca del 40% del presupuesto. Esa es la razón por la que siempre se cae ahí”.

 

Al justificar el voto a favor de este tema, De Loredo expresó: “Nos preguntan ‘¿dónde están ustedes?’, cada dos por tres nos preguntan. ‘Una semana son oficialistas, otra son opositores’, ¿qué se les está pasando? Y me gusta decirlo así, señor presidente: somos opositores a seguir haciendo lo que nos trajo hasta acá y somos oficialistas del cambio”. Para opinar luego que el Gobierno en este tema “no está en una agenda de cambio, está en lo mismo que se viene haciendo hace décadas”.

 

“La propuesta nuestra es de una sensatez y equilibrio fiscal absoluta”, resaltó en el final.

 

En el cierre de bloque, el jefe de bancada del Pro, Cristian Ritondo, les pegó de lleno al radicalismo y al kirchnerismo. Lanzó un sinfín de ironías contra sus excompañeros de interbloque y señaló que “hay una pandemia de populismo que se va extendiendo en el Congreso de la Nación”. También, afirmó que el Pro “no es gobierno ni cogobierno, es coherente”.

 

Sobre el final del debate, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, se refirió al ajuste implementado por el Gobierno nacional, con fuertes aumentos a las tarifas, el freno a la obra pública, que calificó como “alevoso”, y jubilaciones y pensiones: 0,4% del PBI. “Este era el plan”, señaló, aclarando que “esa fue la motosierra”, tras lo cual se refirió a la licuadora.

 

“La mitad de la demanda extra de alimentos en Rosario es producto de adultos mayores de argentinos que antes no lo necesitaban… No es casual”, remarcó, valorando a continuación lo alcanzado en la propuesta que pondrían a debatir, que pasó a describir.

 

“No van a poder dividir más los haberes previsionales a la hora de pagarlo”, afirmó, recordando lo sucedido hace dos meses, y recordó que “estamos dando un horizonte de previsibilidad a las cajas previsionales no transferidas a la Nación”.

 

El legislador hizo una fuerte defensa de la política y cerró diciendo que “cuando se denuesta la política, nos quedamos sin la única herramienta en serio que tenemos para transformar verdaderamente la realidad en la Argentina. Aquellos que la denuestan permanentemente lo que están queriendo es que nos privemos de tener esa herramienta al servicio de lo que corresponda, que son los intereses del pueblo argentino”.

 

En el cierre del debate, el diputado César Treffinger trazó un paralelismo entre el fútbol y la política. Dijo que cuando hay un Mundial de Fútbol, los tres favoritos son siempre Argentina, Brasil y Alemania. Brasil tiene muchísimos más habitantes que nosotros y Argentina la mitad de Alemania, pese a lo cual “es potencia y es favorito”. ¿Por qué? “Porque se selecciona a las personas, y entra la gente que está preparada. Esa es la razón por la que somos campeones del mundo”. En cambio, sostuvo que la política “no selecciona”. Y así fue a las elecciones que ganó La Libertad Avanza “porque la otra opción era el pasado, un pasado malo. Y el pasado no tiene nada nuevo, pero tampoco nada bueno para ofrecernos”.

 

“La otra opción que sí es de alto riesgo es ‘que se vayan todos’ –agregó-. Los argentinos les picaron el boleto a los políticos que no se comprometen a conciencia”.

 

También del oficialismo, la diputada neuquina Nadia Márquez catalogó a la sesión y los dictámenes de UP y los dialoguistas como “populismo barato”. También, sostuvo que “ninguno de los que proponen esta formula dicen de donde vamos a sacar la plata porque quieren que le demos a la maquinita de imprimir y no lo vamos a hacer”.

 

Del mismo modo, planteó que el acceso a una jubilación minima “te lo vendieron como un derecho y te lo entregaron como una miseria”, con relación a los años que gobernó el kirchnerismo. En esa línea, coincidió con lo expuesto por el jefe de bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, sobre jubilaciones sin aportes.

 

“No quieren mejorarles el haber jubilatorio quieren usarlos políticamente”, afirmó Márquez, quien cerró que “si hubiesen estado preocupados por los jubilados hubiesen usado esos 2 puntos del PBI que gastó Sergio Massa y le subían cuatro veces”.