En ese marco, Elizabeth Aixa Bona sobreviviente y querellante en el juicio reconoció al ex policía de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA), Roberto Álvarez, como la persona que la trasladó desde Campo de Mayo a la Departamental de San Martín.

Álvarez, quien declaraba en la audiencia en calidad de testigo, negó tener conocimiento de los hechos que se investigan argumentando que durante el tiempo en que estuvo a cargo de la dependencia no se realizó ninguna actividad operativa en la “lucha contra la subversión”. Sus afirmaciones entrarían en contradicción con lo que había mencionado minutos antes, respecto de que la Delegación Departamental de San Martín dependía operativamente de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. Si bien reconoció que una de las tareas que tenía a cargo era la del traslado de detenidos enfatizó en que en todos los casos se trataba de personas que se encontraban a disposición de la justicia.

En su declaración testimonial en la etapa de instrucción,  Elizabeth Aixa Bona expresó que fue secuestrada en la vía pública, que fue llevada a Campo de Mayo y que luego de varios días de cautiverio fue trasladada por el jefe de la Departamental de San Martín de la PFA a dicha dependencia policial. A su vez declaró que la persona que se ocupó del traslado le había dicho que su esposo Gervasio Martín Guadix, uno de los casos de desaparición que investiga el debate,  estaba “colgado” haciendo  referencia a que no se sabía cuál iba a ser su destino.

Antes de que finalice la declaración de  Álvarez el Dr. Héctor Flores, a cargo de la querella por los casos de Bona y Guadix,  informó al tribunal que había recibido una llamada telefónica de Elizabeth Aixa Bona quien le manifestó que el testigo que estaba declarando era la misma persona que la había trasladado en aquella oportunidad en que se encontrada en cautiverio.

El defensor Hernán Corigliano y el querellante Héctor Flores solicitaron al tribunal que se suspenda la declaración de Roberto Álvarez ya que con su testimonio podría auto incriminarse. Luego de un breve cuarto intermedio el tribunal decidió hacer lugar al pedido y suspender el testimonio.

La Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires es querellante en el juicio junto al resto de las partes acusadoras coincidieron con la decisión del tribunal. El Ministerio Público Fiscal, representado por Gabriela Sosti, solicitó que la declaración de Álvarez sea remitida al juzgado de instrucción para que eventualmente se lo llame a indagatoria por estos hechos.

La audiencia concluyó con las declaraciones testimoniales de María Cecilia Rodríguez Elizalde, esposa de Marcelo Cinto Curteaux  único detenido que tiene la causa y la de Rubén Guardiola, trabajador aduanero asignado a la frontera de Paso de los Libres durante los años en que ocurrieron los hechos investigados.

Las audiencias continúan la semana próxima y la transmisión en vivo se pueden seguir a través de la página www.laretaguardia.com.ar.

El juicio

El debate oral comenzó el 9 de abril de 2019 ante el TOF4 de San Martín. Se investiga la responsabilidad de seis militares retirados por delitos de lesa humanidad, en el marco de genocidio, cometidos contra 96 víctimas pertenecientes a la organización Montoneros.

Uno de los aspectos centrales del debate es el juzgamiento del accionar del aparato de inteligencia como uno de los dispositivos necesarios para llevar adelante los crímenes de lesa humanidad dentro y fuera del país.

Los imputados son los ex militares Jorge Norberto Apa, Luis Ángel Firpo, Roberto Bernardo Dambrosi, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Corteaux. Enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal,  imposición de tormentos y homicidio. Otros tres imputados fallecieron.

La Contraofensiva Montonera fue una política desarrollada durante los años 1979 y 1980 por la organización “Montoneros” en el que los militantes exiliados intentaron volver al país.