Así lo decidió el gobierno de Axel Kicillof tras una nueva reunión paritaria fallida con los gremios y a contrarreloj de la liquidación de haberes. La decisión del Ejecutivo busca que, más allá de la falta de acuerdo, los empleados puedan percibir un incremento a la brevedad y que el mismo represente "una mejora sustancial" para aquellos que ocupan las categorías más bajas.

El aumento saldrá por un decreto del gobernador y abarcará a todos los trabajadores de la administración central y a los profesionales de la salud enmarcados en la ley 10.471, ya que no habrá tope de $ 60.000 como en Nación. Excluye a docentes y judiciales. "No se trata de un bono. Es una suma remunerativa", le explicaron fuentes del Gobierno a esta agencia.